La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este lunes sobre un problema que coloca bajo escrutinio a los poderes públicos y órganos del Estado: la falta de ejecución efectiva de sentencias del Tribunal Constitucional. Para la entidad, no basta con que existan decisiones definitivas si estas no producen consecuencias jurídicas reales, sobre todo cuando su cumplimiento llega tarde o de forma insuficiente.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, sostuvo que estas situaciones deben asumirse con firmeza, al recordar que la Constitución, en su artículo 184, establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En ese sentido, subrayó que no se trata de una recomendación para las autoridades, sino de un límite directo al ejercicio del poder público.
Finjus insistió en que la independencia funcional de las instituciones no puede convertirse en margen discrecional frente a disposiciones constitucionales. A su juicio, acatar una sentencia del Tribunal Constitucional no implica subordinación política entre poderes, sino sometimiento común a la norma suprema, una advertencia que vuelve a poner el foco en la distancia entre el discurso institucional y la ejecución real de decisiones que afectan el funcionamiento del Estado de derecho.