Un tribunal de Santiago condenó a penas de entre 10, 6 y 5 años de prisión a los cabecillas de una estructura del crimen organizado dedicada al tráfico de armas de fuego de alta potencia, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de control frente a redes ilegales con base de operaciones en territorio dominicano.
De acuerdo con el expediente ventilado en justicia, las armas fueron introducidas de contrabando al país y la estructura tenía como centro de operaciones una localidad del municipio Licey al Medio. El grupo estaba integrado por Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán, señalados por asociación de malhechores para traficar, almacenar y distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos.
La condena marca una respuesta judicial, pero también subraya el contraste entre el discurso de control y la realidad de una red que logró introducir armamento de contrabando y obtener recursos económicos de esa comercialización. Las penas serán cumplidas en varios centros del Cibao, mientras el caso deja abierta la exigencia de vigilancia y fiscalización sobre cómo una operación de este tipo pudo sostenerse hasta llegar a los tribunales.