NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en este estado llamaron a sus connacionales a extremar precauciones luego de la advertencia de la gobernadora Kathy Hochul sobre una posible escalada de precios, en un panorama que vuelve a situar el costo de vida entre las principales inquietudes de miles de hogares.
La gobernadora advirtió el miércoles que la intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá podría traducirse en aumentos en alimentos, energía, vehículos y otros artículos esenciales para las familias neoyorquinas, a partir de la estrecha relación económica del estado con su vecino del norte. Hochul reaccionó así a la decisión del presidente Donald Trump de aplicar nuevos aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en importaciones canadienses y de elevar, desde el 1 de enero de 2027, los gravámenes sobre automóviles, camiones y autopartes procedentes de ese país.
“Esto no hará más que hacer más dolorosa la vida de los estadounidenses; aumentarán los precios de los alimentos, los productos lácteos, la gasolina y la energía”, reiteró Hochul. También reclamó que las familias neoyorquinas reciban un reembolso por el efecto de aranceles previos, que, según estimaciones citadas por su administración, representaron cerca de 13.500 millones de dólares en costos adicionales en todo el estado. “¿Dónde está el reembolso para los neoyorquinos? Hemos estimado que se les deben 1.700 dólares por familia”, afirmó. La cifra se basa en un análisis del Budget Lab de la Universidad de Yale, que calcula un costo promedio acumulado de 1.751 dólares por hogar en el estado.
Trump sostiene que los aranceles buscan corregir una relación económica desbalanceada con Canadá, mientras Ottawa respondió con medidas equivalentes y programas de apoyo para empresas y trabajadores afectados, que entrarán en vigor el 8 de septiembre. En ese choque, el mensaje que reciben los dominicanos en Nueva York es directo: cuando la política termina encareciendo bienes esenciales, el costo social recae sobre las familias, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas ante decisiones públicas con efecto real en el bolsillo ciudadano.