La discusión sobre inteligencia artificial volvió a poner en evidencia una pregunta incómoda para el Estado dominicano: qué se está haciendo, en términos concretos, para preparar al país ante una transformación que ya toca el mercado laboral, el sistema educativo y la geopolítica global. En un texto firmado por Antonio José Gómez Peña, a partir de una entrevista en La Brújula Dominicana, se plantea que la velocidad del cambio tecnológico obliga a pasar del discurso a decisiones públicas verificables.
Durante esa conversación, el consultor y divulgador tecnológico Jon Hernández advirtió que la inteligencia artificial ya no puede tratarse como una herramienta pasajera, sino como una infraestructura que atravesará la vida social. Su señal de alerta, dirigida de manera explícita a los pasillos del Palacio Nacional y al Congreso, refuerza un contraste cada vez más visible entre la magnitud del desafío y la ausencia, en el texto, de una respuesta institucional ya definida por parte del Gobierno dominicano.
La propuesta de abrir un debate nacional serio y urgente, legislar de manera proactiva y contemplar la creación de una Dirección Nacional de Inteligencia Artificial y Gobernanza digital o un órgano de alto nivel para esa materia, coloca el foco en la rendición de cuentas. Si negarse a adaptarse sería, según el planteamiento recogido, un error grave a nivel ciudadano, la exigencia sobre el poder público es mayor: anticiparse, coordinar y dar señales claras antes de que otra oportunidad de modernización quede atrapada entre advertencias y falta de ejecución.