La presunta red de maltrato, explotación y trata de menores que operaba en La Pared de Haina, San Cristóbal, quedó al descubierto no por un control preventivo, sino por la denuncia de un menor de 12 años que acudió con un adulto a una dotación policial en Hatillo. A partir de ese testimonio sobre maltratos físicos y trabajo forzoso dentro de la “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, la Policía, el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Departamento de Tráfico y Trata de Personas rescataron a 14 menores y apresaron a 13 personas.
Entre los detenidos está Ángel Gabriel Capellán, a quien las autoridades identifican como “El Pastor” o “El Capellán” y señalan como pastor dentro de la fundación. Según el reporte oficial, entre los menores recuperados hay un bebé de tres meses y otros con edades entre 3 y 14 años, un cuadro que eleva la presión sobre las explicaciones pendientes acerca de cómo operaba el lugar y bajo qué vigilancia funcionaba mientras, de acuerdo con la denuncia, se producían abusos contra niños y adolescentes.
Capellán declaró que los menores eran recibidos para ayudar a familiares en situación de vulnerabilidad, que asistían a una escuela llamada “La Feliciana” y que la manutención se cubría con actividades agrícolas, trabajos de albañilería, crianza de cerdo y supuestas ayudas de misioneros de Puerto Rico. Pero la versión oficial entra en choque con el relato atribuido por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a un menor de 13 años, quien aseguró que vivía junto a otros seis menores en la residencia y que presuntamente era obligado a realizar labores pesadas. El caso deja una alerta institucional sobre la capacidad de supervisión frente a estructuras que, bajo un discurso de ayuda, habrían terminado afectando a menores en condición de vulnerabilidad.