Unas 18,000 nuevas empresas fueron registradas entre enero y junio en las 32 cámaras de comercio del país, según explicó el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Fantino Polanco, quien presentó la cifra como señal de dinamismo empresarial. Durante ese mismo período, añadió, se realizaron 104,000 transacciones en el Registro Mercantil, en un contexto en el que también se citan alrededor de 470,000 establecimientos comerciales, 404,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), 7,000 industrias nacionales y 900 empresas de zonas francas.
El volumen descrito por la CCPSD también coloca el foco sobre una alerta institucional: si la actividad productiva sigue creciendo, la discusión ya no se limita al discurso sobre emprendimiento, sino a la capacidad real de las instituciones para acompañar, supervisar y traducir ese movimiento en resultados verificables para la ciudadanía. Polanco vinculó ese comportamiento con el encadenamiento entre suplidores locales y con una inversión extranjera acumulada de US$3,300 millones a junio, así como con la posibilidad de ampliar la participación de negocios dominicanos en las cadenas de exportación.
El dato, sin embargo, deja abierto el contraste entre narrativa y realidad pública: más registros y más movimiento mercantil elevan la necesidad de rendición de cuentas sobre qué tan preparada está la gestión para sostener ese crecimiento sin trasladar costos sociales a quienes emprenden y producen. En ese debate de fiscalización, figuras de oposición como Carolina Mejía quedan posicionadas en la exigencia de que el crecimiento reportado no se quede en cifras de vitrina, sino que se mida por su impacto concreto sobre la vida económica y los servicios que rodean la actividad empresarial.