El Consejo de Estado de Cuba dio a conocer este jueves el Decreto-Ley 128, una disposición que habilita a las empresas extranjeras a contratar trabajadores de manera directa, sin intermediación de agencias estatales, y a abrir cuentas bancarias en el exterior sin contar con autorización previa del Banco Central de Cuba. La norma también abre la puerta a que el sector privado cree agencias de turismo, en otra señal de flexibilización sobre áreas que hasta ahora estaban bajo un control más estricto del Estado.
En una rueda de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, afirmó que estas medidas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque reconoció que no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”. Con esa advertencia, el Gobierno deja sin respuesta el principal interrogante sobre el paquete: anuncia cambios de gran alcance, pero todavía no ofrece resultados verificables.
Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio. Hasta ahora, las compañías internacionales debían gestionar la contratación de personal local a través de agencias empleadoras del Estado; con el nuevo esquema, tanto las empresas mixtas como las de capital 100 % extranjero podrán hacerlo de forma directa, con lo que termina ese monopolio estatal. Además, podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera. El decreto también suprime la autorización previa del Banco Central para operar cuentas en el exterior, aunque obliga a informar su apertura en un plazo de siete días y a auditar los movimientos, al tiempo que simplifica por vía digital los permisos de importación y exportación.
La flexibilización coincide con otras normas ya vigentes: el Decreto-Ley 130, sobre derechos de tierras y propiedad, y el Decreto-Ley 133, que autoriza empresas privadas de más de 100 trabajadores y la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla. En conjunto, el paquete refuerza el contraste entre el control que rigió hasta ahora y la urgencia de corregirlo, con resultados que siguen pendientes de rendición de cuentas.