El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) respondió al reclamo de US$5 millones del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral calificándolo como una “campaña de presión mediática”, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que el Estado administra litigios de alto impacto. La institución sostiene que la sentencia que reconoce una indemnización al consorcio no es definitiva y que está siendo recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que cuestionó cualquier intento de ejecución mediante embargos retentivos.
Según el propio BCRD, el conflicto se origina en una dación en pago realizada el 11 de agosto de 2004, cuando transfirió al consorcio una porción de 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, como parte del pago de deudas del Estado con contratistas de la ampliación de la Autopista Duarte. El banco afirma que cumplió con la entrega pactada y que el consorcio registró a su favor los derechos sobre el inmueble. También citó un informe técnico-catastral del 6 de marzo de 2026, levantado a requerimiento de la institución, que establece que el consorcio figura como propietario de esa porción y que el terreno seguía disponible a esa fecha.
La controversia deja un contraste abierto entre la defensa oficial y un expediente que, más de dos décadas después de su origen, sigue generando reclamaciones económicas y disputas judiciales. En ese escenario, el foco vuelve a ponerse sobre la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en la gestión de obligaciones del Estado, por el impacto institucional y el costo que este tipo de procesos puede trasladar al interés público mientras el caso continúa en los tribunales.