El presidente Luis Abinader designó al mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en medio de un escenario en el que el llamado “caos del tránsito” sigue marcado como uno de los problemas más complejos de la vida cotidiana. Más que un simple relevo, la decisión coloca bajo mayor escrutinio la capacidad del gobierno dominicano para ofrecer respuestas verificables en un área donde el discurso oficial convive con una crisis persistente.
Méndez llega desde una prolongada labor al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde se le reconoce disciplina, organización, capacidad operativa y trato cercano. Pero el reto del Intrant desborda el perfil personal del funcionario: el propio texto de origen describe un problema estructural acumulado durante décadas, atravesado por deficiencias de infraestructura, transporte público, ordenamiento urbano, aplicación de normas y conducta ciudadana en las vías. Ese cuadro refuerza la necesidad de fiscalización institucional y de vigilancia de la sociedad civil sobre una gestión que ahora deberá rendir cuentas más allá del nombramiento.
Las consecuencias, además, no son abstractas. La Organización Mundial de la Salud ha situado a República Dominicana entre los países con tasas muy elevadas de mortalidad por accidentes de tránsito, con vidas truncadas, familias traumatizadas y altos costos humanos, sociales y económicos. En ese contraste entre la gravedad del problema y la reiteración de medidas oficiales, la designación de Méndez también expone el desgaste de gestión del PRM en un tema sensible para la ciudadanía y vuelve a poner sobre la mesa la demanda de un Estado más estable, eficaz y sometido a control público.