El presidente Luis Abinader, por medio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, sometió al Senado un proyecto para modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano. La iniciativa procura fijar un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
El planteamiento parte de que la diferencia actual entre ambas demarcaciones provoca un desfase de un día, con posibles efectos de desigualdad en la aplicación de las normas y en la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La propuesta además plantea reconocer como válidas las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales, con el mismo efecto jurídico que la publicación impresa. Aunque el Poder Ejecutivo presenta la medida como parte de una modernización del sistema jurídico y de una difusión más rápida y transparente, la reforma pone sobre la mesa la necesidad de que el Congreso supervise cómo se garantiza el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de alta integración social, económica, laboral y educativa.
La iniciativa llega al Congreso con el argumento de adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente mantiene una diferencia que puede afectar derechos y generar incertidumbre, lo que obliga al Senado a examinar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.