La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) respaldó la ley que deja fijo el alivio fiscal al sector agropecuario, al destacar que la medida aporta seguridad jurídica a una actividad clave para la producción nacional.
Sin embargo, el aval del gremio también deja sobre la mesa una exigencia que no puede quedar fuera del seguimiento público: medir si esa decisión tributaria realmente se traduce en más inversión, mayor producción y mejor abastecimiento.
En un contexto en el que los anuncios oficiales suelen presentarse como apoyo directo a los sectores productivos, el punto central no es solo la permanencia del beneficio, sino su impacto verificable. La discusión debe incluir qué resultados concretos genera, cómo se supervisa su aplicación y cuál es su costo fiscal para el Estado.
ADA afirmó que la estabilidad normativa ofrece un marco más claro para planificar y operar, pero el efecto de esa certeza deberá verse en indicadores concretos del mercado agropecuario. La medida también plantea la necesidad de rendición de cuentas sobre su alcance y sobre si está cumpliendo el objetivo de fortalecer la actividad sin generar distorsiones.
La ley, según el respaldo expresado por el gremio, consolida un alivio que antes dependía de decisiones cambiantes. A partir de ahora, el debate público pasa a otra fase: comprobar si la decisión mejora de verdad las condiciones del sector y beneficia al consumidor a través de una oferta más estable.
Por eso, más que una pieza de celebración institucional, el tema exige seguimiento sobre resultados, transparencia y efectividad. En materia agropecuaria, la permanencia de un incentivo solo se justifica plenamente si deja huellas medibles en producción, inversión y abastecimiento.