SANTO DOMINGO.– La discusión sobre el nuevo Código Penal vuelve a encender alertas institucionales luego de que el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtiera que la redacción actual del artículo 209, que tipifica la llamada “difamación extorsiva”, presenta riesgos constitucionales y podría convertirse en una herramienta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Al evaluar la disposición, Castaños Guzmán señaló que, aunque se intenta responder al uso de medios de comunicación y plataformas digitales para ejercer chantaje o presión sobre terceros, la fórmula adoptada no incluye los contrapesos necesarios para evitar abusos. Explicó que la figura penal busca sancionar la amenaza de divulgar informaciones que afecten la reputación de otra persona para obtener beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, pero advirtió que la norma deja fuera elementos esenciales como la veracidad de la información y el interés público de los hechos divulgados.
“El legislador ha identificado correctamente el problema del chantaje mediático, pero la solución punitiva propuesta no establece salvaguardas suficientes para diferenciar una conducta extorsiva de una denuncia legítima o de una investigación periodística realizada en beneficio del interés público”, indicó. A juicio del jurista, la falta de una cláusula que excluya responsabilidad penal cuando la divulgación persiga fines legítimos de denuncia abre la puerta a interpretaciones amplias, con el riesgo de criminalizar labores propias del periodismo y de la fiscalización ciudadana. También observó la amplitud de la expresión “beneficio de cualquier naturaleza”, al considerar que puede reforzar ese margen de discrecionalidad.