La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que elevar el impuesto a las transferencias de 0.15% a 0.20%, como contempla la Ley 30-26, tendría un efecto contrario a la meta de bancarización que promueven las autoridades y el sistema financiero.
La entidad advirtió que el aumento encarece las operaciones de personas y empresas, justo en un contexto en el que el país busca ampliar el uso de servicios digitales, reducir el uso de efectivo y avanzar en inclusión financiera.
El planteamiento de la ABA abre un debate de interés público sobre el costo real de esta medida para los usuarios. Si se aplica un alza en el impuesto a las transferencias, el impacto no se limita a la recaudación: también puede trasladarse a la vida cotidiana de quienes pagan, envían o reciben dinero por canales formales.
En ese escenario, la discusión no solo pasa por la necesidad de ingresos fiscales, sino por el balance entre recaudación, transparencia y resultados. Un incremento tributario sobre las transacciones bancarias puede desincentivar el uso del sistema formal si no viene acompañado de una explicación clara sobre su destino y de una evaluación de su efecto sobre la actividad económica y la digitalización.
La advertencia del sector bancario se suma a las preocupaciones sobre cómo medidas de este tipo pueden terminar cargando más costo sobre ciudadanos y empresas, mientras persiste la expectativa de que cualquier ajuste fiscal o tributario también considere el gasto público y el incentivo a la formalización.
Por ahora, el planteamiento de la ABA coloca bajo escrutinio una decisión que toca directamente el bolsillo de los usuarios y la estrategia de bancarización del país.