La Corte de Apelación de Barahona corrigió una condena dictada en primera instancia y elevó a 15 años de prisión la pena impuesta a Juan Carlos Peña Nín, declarado culpable de trata de personas en la modalidad de esclavitud sexual.
La decisión se produjo al acoger el recurso presentado por el Ministerio Público, luego de constatar que la sanción original de 10 años no cumplía con el mínimo establecido en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El caso pone en primer plano un problema de legalidad y confianza institucional: cuando una sentencia queda por debajo del marco legal, la corrección en apelación no solo ajusta la pena, sino que recuerda que las reglas deben aplicarse de manera igual para todos.
La información disponible señala que la corte verificó el desfase entre la condena inicial y lo que exige la ley, y procedió a imponer la pena de 15 años. No se aportan en esta pieza más detalles sobre las motivaciones del tribunal de primera instancia ni sobre otras eventuales responsabilidades.
El expediente reafirma la obligación del sistema de justicia de revisar con rigor las decisiones que no se ajusten a la normativa, especialmente en delitos de alta gravedad como la trata de personas.