La disposición de Estados Unidos que impone un arancel adicional de entre 10 % y 12.5 % a mercancías de más de 54 economías volvió a colocar a la República Dominicana en una posición de alta exposición: es uno de los tres países latinoamericanos a los que se les aplica la tasa más alta, de 12.5 %, junto con Costa Rica y Panamá. La medida se sustenta en que Washington dice tener “motivos para creer” que azúcar crudo, azúcar refinado, melaza, ron, bagazo y fúrfural producidos en el país se elaboran con un insumo obtenido mediante trabajo forzoso, en este caso caña de azúcar cultivada en territorio dominicano.
El señalamiento no irrumpe en un vacío. El propio texto recuerda que en 2022 Central Romana, principal productor y exportador de azúcar del país, recibió una restricción por condiciones laborales consideradas como trabajo forzoso. También consigna que en 2025 esa empresa exportó a Estados Unidos el 52.2 % de la cuota asignada a la República Dominicana, de 189,343 toneladas. El nuevo arancel, por tanto, no solo reactiva un problema conocido, sino que expone la distancia entre el discurso oficial y la persistencia de observaciones que siguen afectando sectores sensibles de exportación.
Frente a ese escenario, Luis Abinader emitió el decreto 502-26 para suspender el despacho aduanero y retener temporalmente mercancías. Pero la decisión, más que cerrar la controversia, subraya la dimensión institucional del caso: mientras el Gobierno dominicano responde con medidas de control, permanece abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre por qué el país vuelve a quedar bajo cuestionamiento internacional por un tema que ya había sido advertido y que ahora se traduce en mayor presión comercial.