La audiencia preliminar del caso UASD está pautada para el 9 de julio, en un proceso que vuelve a colocar bajo examen la respuesta institucional frente a un hecho de alta gravedad ocurrido en un recinto público.
La causa está vinculada a la muerte de un empleado y a las heridas sufridas por dos miembros de la seguridad del recinto, un episodio que generó impacto por tratarse de un entorno universitario y por la necesidad de que el sistema de justicia actúe con reglas claras, iguales para todos.
Más que una fecha procesal, el inicio de esta audiencia reactiva la demanda de transparencia y rigor en el tratamiento del caso. En un expediente de esta naturaleza, la confianza pública depende de que la investigación y el proceso judicial se conduzcan sin ventajas indebidas, sin tratamientos diferenciados y con apego estricto a la institucionalidad.
El punto central ya no es solo la apertura del juicio preliminar, sino la capacidad del sistema para responder con orden, debido proceso y resultados verificables ante un hecho que afectó directamente la seguridad en un espacio de uso público.
La atención sobre el expediente se mantiene precisamente porque casos de esta magnitud no admiten reglas desiguales ni decisiones que alimenten la percepción de que unos reciben un trato distinto al de otros. La exigencia ciudadana es la misma para todos: que la justicia opere con transparencia, consistencia y sin privilegios.