La gestión pública en Azua cerró el primer semestre con una señal clara de desgaste: más de la mitad de sus proyectos de inversión sigue sin ejecución financiera, aunque ya cuenta con presupuesto aprobado. De los 61 proyectos incluidos en la cartera pública, 38 continúan con montos devengados en cero y apenas 23 muestran algún avance, de acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
La provincia dispone de RD$2,556.2 millones para inversión pública, pero el monto devengado llega a RD$1,344 millones, para un 52.6%. Sin embargo, esa cifra no responde a una ejecución equilibrada, sino a la concentración del gasto en un grupo limitado de obras, mientras una parte importante de la cartera todavía no se traduce en beneficios para la población.
Entre los proyectos con mayores asignaciones que aún no registran desembolsos figuran la construcción de la Circunvalación de Azua, primera etapa, con RD$310.4 millones presupuestados, y un centro universitario regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con RD$18.9 millones asignados. También siguen sin movimiento presupuestario obras de construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares, además de intervenciones comunitarias y deportivas en distintos municipios de la provincia.
Los mayores desembolsos, en cambio, se concentran sobre todo en reconstrucción vial. La intervención urbana de Las Charcas registra RD$100.3 millones devengados de RD$112.5 millones asignados; la reconstrucción de la infraestructura vial urbana de Azua de Compostela acumula RD$74.7 millones de RD$112.5 millones aprobados, y la intervención vial en Guayabal suma RD$58.7 millones ejecutados de RD$75 millones presupuestados.
El balance deja una advertencia institucional sobre la calidad de la ejecución presupuestaria: no basta con anunciar carteras millonarias si la mayoría de los proyectos sigue en cero. En provincias como Azua, el costo social de esa brecha recae sobre estudiantes, comunidades y sectores que continúan a la espera de obras ya incluidas en el presupuesto, mientras aumenta la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas sobre las prioridades reales del gasto público.