La forma en que el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional maneja los procesos penales vuelve a quedar bajo la lupa por sus efectos institucionales y presupuestarios. En el llamado “Caso Coral”, los oficiales encabezados por el exjefe del CUSEP, mayor general Adam Cáceres, han pasado por las distintas fases del sistema penal ordinario y, pese a una condena en primer grado dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siguen como oficiales activos suspendidos y reciben sus salarios base, al entenderse que la separación definitiva solo procede con una sentencia irrevocable.
La situación es distinta en expedientes que no tienen la misma exposición mediática. Allí, oficiales subalternos, superiores y alistados son cancelados o retirados de inmediato con la sola imposición de una medida de coerción ordinaria, como presentación periódica o garantía económica, o a partir de un informe de una comisión investigadora interna, sin esperar la apertura a juicio ni la resolución de apelación o casación.
Esa doble vía no solo abre cuestionamientos sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también arrastra consecuencias jurídicas para el Estado. Según el texto, esta práctica hace que el Tribunal Superior Administrativo falle de forma reiterada a favor de los desvinculados por violación al debido proceso, en un escenario que refuerza la exigencia de fiscalizar decisiones administrativas que terminan afectando tanto la institucionalidad como el uso de recursos públicos.