La audiencia preliminar por la presunta red de policías acusada de sustraer casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas concluyó este martes con un elemento que vuelve a poner el foco en la rendición de cuentas: dos de los imputados están negociando con el Ministerio Público en un proceso que reabre las preguntas sobre los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, indicó que su decisión sobre si el expediente avanza o no a juicio de fondo será comunicada el 29 de julio. Durante la vista, el Ministerio Público presentó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, a quien pidió cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, para la que solicitó 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
De acuerdo con la acusación, ambos ocupaban roles esenciales en la parte operativa de la organización que sustrajo las municiones. El convenio también incluye el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de varias municiones y armas de fuego incautadas en un allanamiento practicado en su local.
En el expediente figuran además el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, identificado como encargado del departamento; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos. También aparecen el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las salidas procesales, el caso mantiene sobre la mesa el contraste entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción ocurrida dentro de la propia estructura policial. En medio del desgaste sobre la gestión de seguridad y de una demanda ciudadana cada vez mayor de vigilancia real sobre el poder, la resolución que falta del tribunal será seguida como una prueba de hasta dónde llega la respuesta del sistema frente a una falla de alto impacto institucional y social.