Los procesos por corrupción administrativa llevados a la justicia en los últimos cinco años corren el riesgo de repetir un patrón ya conocido: expedientes que se extienden durante años sin una respuesta definitiva. Los casos de los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década en los tribunales, y de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, con casi ocho años en la justicia, se mantienen como señales de una lentitud judicial que debilita la respuesta institucional frente a hechos que en su momento provocaron gran indignación pública.
Aunque los tribunales que conocieron el juicio de fondo declararon la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, esas decisiones fueron anuladas por la corte de apelación e incluso por la Suprema Corte de Justicia. Pese a ello, el resultado observable sigue siendo el mismo: casos de alto impacto que permanecen abiertos durante años, con escasos avances visibles y con el debate público apagado por las dilaciones.
En el caso Super Tucano figuran como acusados el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor, por los sobornos de 3.5 millones de dólares atribuidos a Embraer. En el expediente de Los Tres Brazos aparecen como principales imputados Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, además de Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo. La prolongación de estos procesos vuelve a colocar en primer plano la brecha entre la gravedad de las acusaciones y la falta de resultados concluyentes en la justicia.