El gremio de centros nocturnos denunció que las clausuras ejecutadas por el Coba han generado zozobra en el sector, al asegurar que los cierres se producen antes del horario permitido y en establecimientos que, según afirma, tienen su documentación en regla.
La organización también advirtió que las medidas han dejado pérdidas estimadas en hasta 60 millones de pesos, aunque hasta el momento no se ha ofrecido una respuesta oficial que explique los criterios de los operativos, su alcance, el costo de su ejecución ni el impacto económico sobre los negocios afectados.
La denuncia abre un frente de cuestionamientos al Gobierno por el manejo de estas acciones de fiscalización, en un contexto en el que el sector reclama reglas claras, debido proceso y rendición de cuentas sobre decisiones que afectan empleos, inversiones y actividad comercial.
De acuerdo con la versión del gremio, los cierres no solo afectan la operación diaria de los centros nocturnos, sino que también agravan la incertidumbre entre propietarios y trabajadores, que piden una intervención institucional que aclare si las actuaciones responden a procedimientos verificables o a decisiones arbitrarias.
Hasta ahora, la pieza no recoge una versión oficial que contraste la denuncia ni precisiones sobre posibles inspecciones, sanciones o mecanismos de apelación para los negocios cerrados.