La convocatoria a un paro nacional de 24 horas del Colegio Médico Dominicano (CMD) para este lunes 7 de julio convirtió el caso de los doctores William y Franklin Almánzar en una alerta institucional: además de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio cuestionó la forma del arresto y las explicaciones aún pendientes sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, definió el apresamiento como un “atropello” y criticó que William Almánzar fuera buscado en la clínica con el DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, manifestó, al sostener que se habrían vulnerado derechos fundamentales. Luego añadió: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, el presidente de la seccional del CMD, Miguel Tevenín, confirmó que el médico continúa detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En una línea similar, José Domínguez afirmó que una acusación de esa naturaleza, a su entender, no debió tramitarse por la vía penal sino civil, y reprochó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio abre un frente que trasciende el expediente judicial: cuando una denuncia desemboca en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser solo legal y pasa también por la gestión, la confianza y el costo social. El caso exige rendición de cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar termina trasladando a los pacientes.