El Colegio Médico Dominicano llevó al Tribunal Constitucional varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, al considerar que su contenido puede tener efectos adversos sobre el sistema de salud, según la advertencia hecha por el gremio.
La impugnación abre un nuevo frente de discusión sobre una norma promulgada por el presidente Luis Abinader, esta vez centrado en su impacto práctico en hospitales, médicos y pacientes. El planteamiento del sector médico no se limita a una objeción jurídica: también pone sobre la mesa el riesgo de que la aplicación de esos artículos encarezca la atención, desaliente el ejercicio en áreas de alto riesgo y profundice las debilidades de centros con menos recursos.
Aunque la promulgación del código se presenta como un avance institucional, el reclamo obliga a examinar el costo real de su implementación y el alcance de sus consecuencias sobre un servicio ya tensionado por carencias estructurales. En ese contexto, la atención pública no debería quedarse en el anuncio ni en la formalidad de la norma, sino en la capacidad del Estado para garantizar que la regulación no termine trasladando más presión al sistema de salud.
El gremio médico advirtió que la medida podría contribuir a un escenario de mayor conflicto y desorden en el sector, por lo que acudió al Tribunal Constitucional en busca de una revisión de los artículos cuestionados.
La controversia deja al Gobierno bajo la exigencia de justificar el alcance de la reforma, explicar sus efectos y responder con transparencia sobre cómo evitar que una decisión legal termine agravando problemas ya existentes en los hospitales del país.