El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) pidió revisar la aplicación del cobro por residuos sólidos previsto en la Ley 98-25, al considerar que el esquema planteado podría no responder al impacto ambiental real de cada actividad económica.
La organización llevó su reclamo al presidente Luis Abinader y al Congreso, con la advertencia de que la fórmula basada únicamente en la facturación puede terminar afectando de manera particular al comercio mayorista, sin que ese criterio mida con precisión cuánto residuo genera cada establecimiento.
El planteamiento pone sobre la mesa un tema de interés público: cómo se definirá el cobro, qué impacto tendrá sobre los comercios y qué tan transparente será la aplicación de la normativa. En una medida de este tipo, el Estado no solo debe anunciar una nueva fuente de ingresos o recaudación, sino explicar con claridad los criterios técnicos, el alcance económico y la relación entre pago y servicio ambiental.
Hasta ahora, el reclamo del CNCP se centra en la necesidad de que la contribución por residuos sólidos responda al daño o impacto que produce cada actividad, y no a una fórmula que podría resultar desproporcionada para determinados sectores.
La discusión se ubica además en un contexto en el que el Gobierno y el Congreso deberán responder si el diseño del cobro garantiza equidad, transparencia y resultados verificables para la gestión de residuos, o si termina trasladando una carga adicional al comercio sin una justificación ambiental suficientemente precisa.