El Congreso Nacional cerró la pasada legislatura ordinaria sin que el presidente Luis Abinader observara ninguna de las leyes remitidas al Poder Ejecutivo, un resultado que el oficialismo puede exhibir como avance, pero que también obliga a mirar el historial reciente de correcciones y devoluciones entre el Ejecutivo y las cámaras.
El contraste está en los propios antecedentes: en otros ciclos parlamentarios, Abinader devolvió hasta tres leyes al Congreso, y durante el actual y pasado cuatrienio ha observado nueve. La más reciente fue la que autorizaba el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros, regresada a la Cámara de Diputados el 16 de enero. El mandatario objetó por completo sus 14 artículos al sostener que violaba principios esenciales de la Constitución y ordenaba pagos “sin garantizar provisión de fondos”, además de no establecer que la deuda pública fuera “cierta, líquida y exigible”.
En 2026, el Ejecutivo promulgó 20 marcos de ley, la mayoría correspondientes a la primera legislatura ordinaria, del 27 de febrero al 26 de julio. Sin embargo, el dato no borra los episodios en que el propio Poder Ejecutivo tuvo que frenar piezas ya aprobadas, como ocurrió también con la ley de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional y con la nueva Ley de la Cámara de Cuentas. Más adelante, el Congreso sometió otra legislación para sustituir la norma sobre pago de deudas a pequeños contratistas, que sí fue aprobada por ambas cámaras y promulgada. El balance deja abierto un punto de fiscalización sobre la gestión legislativa y la coordinación del poder bajo el PRM: si ahora se evitó el choque, el registro previo sigue marcando una alerta institucional sobre la calidad de las leyes antes de llegar al despacho presidencial.