BOGOTÁ.- Tras señalar que la estrategia de diálogo directo del gobierno saliente no consiguió desarmar a los grupos armados más poderosos, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que eliminará la consejería presidencial de paz. La decisión vuelve a poner bajo examen la distancia entre el discurso oficial y los resultados en seguridad.
El mandatario electo afirmó que su prioridad será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo” el 7 de agosto. Dos semanas antes había dado un mes de plazo a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y advirtió que no hará “concesiones inaceptables”, en alusión a las políticas del gobierno saliente para el desarme de guerrillas y grupos narcotraficantes.
La eliminación de esa consejería hará parte de una reestructuración más amplia en la Presidencia, que incluye la supresión de más de 200 puestos y el traslado de algunas funciones a ministerios como Interior y Defensa. Según dijo, esos cambios permitirán ahorrar 10.000 millones de pesos, equivalentes a 3,1 millones de dólares, en una medida que reabre el debate sobre el tamaño del aparato presidencial y la eficacia de estructuras que no evitaron el deterioro de la seguridad.
Desde la campaña, De la Espriella también había planteado la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que califica como un “tribunal de venganza” que dicta sentencias con “asimetría”. La JEP nació del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC y juzga las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por los actores armados. En ese marco, el anuncio no solo supone una ruptura política: también deja abierta una alerta institucional sobre cómo se reemplazarán funciones sensibles mientras sigue la exigencia de resultados concretos y no de nuevas promesas desde el poder.