La salida del intendente del Cuerpo de Bomberos del distrito municipal Juan Rodríguez, en La Vega, volvió a poner en entredicho la capacidad del Gobierno para proteger la institucionalidad de los organismos de servicio. En una comunicación enviada al presidente Luis Abinader, Frank Hernández sostuvo que abandonó el cargo por presuntas presiones políticas y por conflictos internos que, según afirma, afectan el desempeño de la institución.
Hernández, quien dice haber estado al frente del organismo durante más de diez años, apuntó a César Balby, responsable de la Oficina Supervisora de los Cuerpos de Bomberos del Ministerio de Interior y Policía, como presunto influyente en decisiones internas y como agente de presiones políticas. En sus señalamientos incluyó la incorporación de personal que, a su juicio, ha lesionado la institucionalidad del cuerpo bomberil, además de advertencias sobre una eventual intervención del organismo.
El exintendente también criticó la actuación del Ministerio de Interior y Policía, al afirmar que no dio respuesta a las denuncias que, según dice, había presentado. Por eso pidió al presidente Abinader destituir a Balby, en un episodio que acentúa el contraste entre el discurso oficial de orden institucional y las denuncias de interferencia política en estructuras llamadas a brindar un servicio esencial.
Por ahora, el Ministerio de Interior y Policía no ha fijado posición sobre las acusaciones. Ese silencio mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas en torno a un conflicto que no solo afecta la credibilidad administrativa, sino que también pone sobre aviso el impacto que estas disputas pueden tener en el funcionamiento de un cuerpo de emergencia al servicio de la ciudadanía.