República Dominicana figura entre los países de Centroamérica y el Caribe con más regulaciones para contener el desperdicio de alimentos, aunque el diagnóstico presentado por Tetra Pak volvió a centrar la atención en una paradoja que impacta el costo de vida: contar con normas no asegura resultados cuando falla su cumplimiento.
En un desayuno de prensa celebrado en Santo Domingo, Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de la empresa, sostuvo que Costa Rica y República Dominicana están entre los países con mayores avances normativos en esta materia. Aun así, señaló que en la región sigue abierta una brecha crítica entre lo que establecen las regulaciones y lo que realmente se ejecuta. “En algunos casos puede que exista la ley, más no la aplicación de la misma”, dijo.
Ese planteamiento adquiere mayor peso en un escenario en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población padece inseguridad alimentaria, mientras 43 millones de personas enfrentan hambre, de acuerdo con la FAO. Al mismo tiempo, cerca del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o se desperdicia cada año, lo que muestra que el problema no solo es ambiental, sino también social y económico.
Basile afirmó que reducir el desperdicio de alimentos requiere un esfuerzo conjunto entre sector privado, gobiernos y ciudadanía, y subrayó que la responsabilidad no puede recaer en un solo actor. También indicó que uno de los principales desafíos en América Latina sigue siendo la conciencia ciudadana sobre reciclaje y aprovechamiento de alimentos, sobre todo porque, aunque la industria puede medir y optimizar pérdidas con tecnología y procesos, el desperdicio en los hogares continúa siendo un reto.
El señalamiento deja una advertencia institucional para el gobierno dominicano: encabezar la lista en materia normativa sirve de poco si la aplicación no se traduce en un alivio tangible frente a la inseguridad alimentaria y al desperdicio. En un contexto en el que los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la discusión ya no pasa por exhibir marcos legales, sino por responder por su cumplimiento y por su impacto real en la vida de la gente.