Magín Díaz reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Pese a defenderla como una salida viable para la coyuntura actual, dejó claro que el país sigue a la espera de un pacto fiscal más amplio.
En una conversación con Despierta con CDN, el ministro explicó que la iniciativa procura combinar nuevas entradas de recursos, alivios para sectores productivos y la corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación e incentivos a la inversión. Aun así, el propio funcionario marcó el límite de la pieza al admitir que no aborda el fondo del desequilibrio fiscal.
Díaz insistió en que la Ley 30-26 no debe entenderse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Detalló que contempla cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones. También indicó que su aplicación será gradual: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres. Otras disposiciones comenzarán a regir desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.