En República Dominicana, el mayor uso de tarjetas de crédito no solo evidencia un acceso más amplio al sistema financiero, sino también una dependencia creciente de los hogares del endeudamiento para mantener su consumo. A junio de 2025 había alrededor de 2.04 millones de tarjetahabientes, un aumento interanual de 7.5%, mientras la cartera alcanzó RD$122,142 millones, equivalente al 5.4% del crédito total y con un crecimiento real de 16.2%, por encima del resto de las carteras. Para junio de 2026, la estimación apunta a 2.18 millones de usuarios.
Ese avance, sin embargo, deja al descubierto una señal de desgaste social que exige fiscalización. Según los datos de la Superintendencia de Bancos, los usuarios de menores ingresos reciben límites de crédito muy altos en relación con sus ingresos formales: quienes declaraban menos de RD$12,500 tenían a junio de 2025 un límite promedio equivalente a 17.5 veces su ingreso mensual formal. El contraste entre el discurso de inclusión y la realidad del sobreapalancamiento abre una alerta institucional sobre la calidad de esa expansión del crédito.
La tarjeta se emplea para consumo de bienes y servicios, pagos electrónicos, compras por internet y emergencias, pero cada vez más también para financiar gastos que el ingreso corriente no permite cubrir. Ahí es donde la bancarización deja de ser solo un dato favorable y pasa a requerir rendición de cuentas sobre sus შედეგados reales: cuando el crédito sustituye ingresos insuficientes y además opera con tasas superiores, el costo termina trasladándose a los hogares más vulnerables.