El Colegio Médico Dominicano (CMD) presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal, al considerar que esas disposiciones ponen en riesgo la atención médica y pueden afectar el acceso de la población a los servicios de salud.
Según el planteamiento del gremio, las normas cuestionadas podrían impulsar la llamada medicina defensiva, elevar los costos de la práctica y dificultar la relación entre médicos y pacientes. El CMD sostiene que ese efecto tendría consecuencias directas en el sistema de salud.
La impugnación abre ahora un debate sobre el contenido de la reforma penal y sus posibles efectos prácticos en un sector sensible para la ciudadanía. En ese escenario, la revisión judicial deberá determinar si los artículos cuestionados se ajustan o no al marco constitucional.
Mientras avanza el proceso, la atención queda puesta en el impacto real de la legislación sobre la labor médica, el costo de los servicios y las garantías para pacientes y profesionales, tres puntos que el Estado deberá responder con claridad si la norma entra en vigor.