El Consejo Nacional de la Magistratura pondrá en marcha la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que cumplieron siete años en sus cargos, entre ellos su presidente, Luis Henry Molina, cuyo período venció el 5 de abril. La convocatoria no llegó ese día y la demora abrió cuestionamientos de organizaciones vinculadas al sistema de justicia, en otro choque entre lo que ordena la norma y su aplicación real.
La ausencia de esa convocatoria llevó a la Fundación Institucionalidad y Justicia, al Colegio de Abogados de la República Dominicana y al Instituto Dominicano de Derecho Penal a reclamar que se cumpliera el mandato constitucional. Tras varias semanas de pedidos, el presidente Luis Abinader llamó el pasado viernes al Consejo para iniciar el proceso de evaluación de los magistrados, una decisión que se da bajo presión pública y con renovadas exigencias de rendición de cuentas sobre el manejo de los tiempos institucionales.
Junto con Molina, serán evaluados Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico. Todos entraron a la Suprema Corte el 5 de abril de 2019 y su continuidad se decidirá tomando en cuenta criterios como integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas y eficiencia en los casos asignados, a partir de informes de desempeño elaborados conforme a la Ley de Carrera Judicial.