Con el nuevo Código Penal a punto de entrar en vigencia el 3 de agosto, el Congreso Nacional continúa recibiendo reclamos de sectores sociales que señalan fallas sensibles en la norma, en un episodio más que mantiene bajo lupa una legislación ya aprobada y todavía cuestionada en puntos centrales.
Desde el martes pasado, las cámaras legislativas abrieron un espacio para escuchar propuestas de modificación al texto. La Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Taveras, ha recibido planteamientos sobre varias tipificaciones penales, aunque uno de los temas que más presión pública concentra sigue siendo el alcance de las sanciones previstas por la Ley 74-25 cuando entra en juego la libertad de expresión y el trabajo informativo.
En esa línea, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó un documento con observaciones a por lo menos 11 artículos. Las propuestas presentadas por Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, buscan modificar alrededor de ocho disposiciones, entre ellas los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Entre las correcciones sugeridas, ADOCCO plantea que el artículo 186, sobre atentado contra la intimidad, incorpore una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente. También propone ajustar la redacción del artículo 192, relativo a la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, para evitar que termine afectando el periodismo de investigación.
La entidad además pide precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal por difusión de informaciones falsas, con el objetivo de no castigar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. Que estas correcciones sigan llegando en la antesala de la entrada en vigencia de la ley refuerza la alerta institucional sobre la calidad del proceso y sobre la obligación del Congreso y del Gobierno de rendir cuentas ante una norma que aún genera reparos en la sociedad civil.