SANTO DOMINGO. – Una propuesta presentada por el senador Antonio Taveras Guzmán volvió a poner bajo examen disposiciones penales que, según la iniciativa, son ambiguas o desproporcionadas y podrían limitar el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto introduce cambios en varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de reforzar garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación de sanciones excesivas y adecuar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
En lo relativo al artículo 208 sobre difamación, el texto lo restringe a la imputación pública de hechos falsos que lesionen el honor o la reputación de una persona. Además, elimina la prisión para ese delito y la reemplaza por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, junto con reparación civil. Para el artículo 209, que define la llamada difamación extorsiva, la iniciativa la mantiene como una modalidad agravada, pero reduce la pena vigente de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o forzar a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La reforma también toca el artículo 210 sobre injuria, para dejar la intervención penal solo en conductas graves y dolosas, suprimir las penas de prisión y conservar multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Con ello, la discusión se orienta hacia la necesidad de revisar normas que inciden en la relación entre poder, ciudadanía y medios, en un escenario en el que el Congreso queda presionado a rendir cuentas sobre si conserva mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con potencial efecto inhibidor sobre la crítica pública.