SANTO DOMINGO.- El malestar por las nuevas medidas tributarias y el encarecimiento de los servicios ya no queda circunscrito a la oposición. En el Congreso, varios legisladores del PRM han terminado por reconocer que el paquete tendrá efectos directos sobre la economía de los dominicanos, en un contraste cada vez más visible entre el discurso oficial y la carga que asumen las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y afirmó que chocan con la promesa del Gobierno de no afectar la economía familiar. También objetó el aumento en los combustibles, al entender que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó la subida de la tasa por salida aérea por el costo adicional que impone a los viajes de las familias dominicanas.
Desde otra bancada opositora, José David Báez recordó que ya se habían advertido las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su juicio, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a usar más dinero en efectivo, con el riesgo que eso supone para la seguridad ciudadana, y evidencian el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se acentuó cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, admitió que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes utilizan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles complicaría aún más la situación de la población.
Así, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana terreno al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.