La República Dominicana, que ha proyectado una imagen de crecimiento, estabilidad macroeconómica y expansión económica, enfrenta ahora presión por fallas básicas del Estado. Pese a haber reforzado su marco institucional y a contar con una Constitución considerada entre las más avanzadas de la región, el funcionamiento de sus instituciones deja un contraste marcado entre la norma y la realidad.
La Oficina Nacional de Defensa Pública, dirigida por Rodolfo Valentín, encontró en el destacamento policial del ensanche Felicidad, en Santo Domingo Este, a once personas con más de un mes privadas de libertad sin solicitud de medida de coerción y sin registro procesal en el Ministerio Público. En el destacamento de Vietnam, en Los Mina, aparecieron otros dos detenidos en circunstancias parecidas. Si se confirman, esos hechos entrarían en conflicto con el artículo 40 de la Constitución, que prohíbe privar de libertad sin orden motivada de juez competente, salvo flagrante delito, y obliga a presentar al detenido ante la autoridad judicial dentro de las cuarenta y ocho horas.
Ese hallazgo coloca bajo la lupa a la Policía Nacional y al Ministerio Público, dos instituciones mencionadas en el texto por violar la Constitución sin consecuencias, mientras el costo recae sobre los sectores más vulnerables. A esa alerta institucional se suma el frente económico: en 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) advirtió a las autoridades dominicanas sobre debilidades en los protocolos fitosanitarios. El conjunto refuerza una misma señal de desgaste de gestión: cuando el Estado falla en derechos y controles, no solo se resiente la legalidad, también se compromete la competitividad del país.