Legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de Código Penal advirtieron este viernes sobre el riesgo de acelerar la revisión de una norma con incidencia directa en el sistema de justicia y en derechos fundamentales. Además, anunciaron que impulsarán la ampliación del período de análisis y la apertura de espacios de participación para las organizaciones e instituciones que hicieron observaciones.
La bancada opositora cuestionó que las propuestas remitidas por distintos sectores se quieran conocer de manera “expresa y festinada”, una vía que, a su juicio, vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que se desarrolla una discusión sensible para el país. Según explicaron, la comisión recibió aportes de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones, por lo que consideran necesario un examen técnico y jurídico que no puede resolverse en apenas horas sin exponer el proceso a contradicciones y cuestionamientos constitucionales.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan. El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, señalaron los congresistas, de acuerdo con un comunicado.
Los representantes de la Fuerza del Pueblo dijeron que llevarán formalmente a la comisión bicameral la propuesta de extender el plazo de estudio para asegurar una evaluación técnica, jurídica y constitucional de las recomendaciones recibidas. También propondrán vistas públicas para que las organizaciones e instituciones consultadas expongan sus argumentos ante los miembros de la comisión.
Como opción, sugirieron convocar a representantes de esas entidades a reuniones de trabajo con la comisión si no se celebran vistas públicas. Con ese planteamiento, la oposición pone el foco en una exigencia de rendición de cuentas y vigilancia institucional sobre un proceso legislativo que, si se cierra con premura, podría trasladar al país el costo social y jurídico de una ley mal revisada.