El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó un plan de ajuste fiscal con el que procura hacer frente a la desaceleración económica global y a las tensiones comerciales internacionales, al tiempo que aspira a recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. La iniciativa, expuesta por el ministro Magín Díaz ante directores de medios y que será remitida al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana, pone en el centro la discusión sobre la necesidad de fiscalización legislativa respecto al alcance real de las medidas y sus efectos sobre la economía.
El paquete combina nuevas fuentes de ingresos con disposiciones de alivio tributario. Entre estas están la derogación de los anticipos para las microempresas, ajustes para que las empresas pequeñas paguen como personas físicas en tres cuotas al año, la eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al sector agropecuario, la reducción de recargos moratorios, la formalización de acuerdos de pago, descuentos por pronto pago y una amnistía de deudas tributarias sustentada en la coyuntura actual y en los cambios previstos en el sistema.
Asimismo, contempla la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación, la indexación de tramos exentos del impuesto sucesoral, la reducción del impuesto para transmisiones entre padres e hijos en vida y una rebaja del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles para personas físicas. Con el proyecto ya encaminado al Congreso, la discusión no solo girará en torno a los incentivos anunciados, sino también a por qué se recurre ahora a un ajuste fiscal para responder a una crisis que el propio Gobierno atribuye al deterioro del entorno económico internacional.