El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional artículos de la Ley 74-25, conocida como el nuevo Código Penal, y abrió un nuevo frente de revisión sobre el alcance de la norma aprobada por el Congreso.
La acción del gremio médico se centra en cuestionar disposiciones que, según su planteamiento, afectarían principios básicos como la responsabilidad individual y el debido proceso. Con esa decisión, el caso pasa ahora a una instancia clave de control constitucional, donde deberá determinarse si los artículos señalados se ajustan o no al marco legal superior.
La controversia vuelve a poner bajo escrutinio una pieza legislativa de alto impacto público, no solo por el peso de las sanciones que regula, sino por las implicaciones que puede tener en derechos fundamentales y en la forma en que el Estado aplica castigos o atribuye responsabilidades.
Aunque el Código Penal ya fue aprobado por el Congreso, la impugnación obliga a revisar la solidez jurídica de sus disposiciones más sensibles y a esperar la respuesta del Tribunal Constitucional. En ese proceso, el foco estará en la transparencia de los criterios de validación, la consistencia de la norma con la Constitución y el efecto real que podría tener sobre ciudadanos y profesionales alcanzados por su aplicación.
El CMD sostuvo que el Estado no puede trasladar sanciones sin respetar la responsabilidad individual y el debido proceso, un argumento que ahora deberá ser examinado por los jueces constitucionales en el marco de una discusión que trasciende al gremio médico y alcanza al conjunto de la sociedad.