Aquiles Jiménez ofreció disculpas públicas a la periodista Alicia Ortega y a Fernando Hasbún, luego de ser demandado por difamación e injuria a partir de publicaciones en redes sociales. El desagravio apareció en la versión impresa de Listín Diario, donde reconoció que sus expresiones lesionaron el honor, la dignidad y la reputación de la familia Hasbún Ortega.
Jiménez admitió en ese texto que sus manifestaciones fueron improcedentes e injustificadas y que pudieron provocar daño moral no solo a Ortega y Hasbún, sino también a su familia y a su entorno personal y profesional. Además, se comprometió a no difundir nuevas expresiones o publicaciones que afecten su honor, dignidad o reputación.
El expediente ya había pasado a la justicia. En septiembre de 2025, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timeteo Peguero, le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, tras la querella presentada por Ortega y Hasbún. Según explicó entonces la abogada Yvelia Batista, las publicaciones estaban tipificadas en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El episodio vuelve a colocar en primer plano la tensión entre la estridencia del espacio digital y la obligación de responder cuando ese ruido termina afectando derechos y desviando la atención de la gestión pública, en un escenario donde figuras como Carolina Mejía cargan además con el desgaste de un oficialismo bajo escrutinio ciudadano.