La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al Estado dominicano plazo hasta el 30 de agosto para responder a las conclusiones y recomendaciones emitidas en el caso presentado por el abogado Ángel Lockward, quien afirmó haber sido víctima de una detención ilegal en 2003. El organismo ya envió al país un informe de fondo sobre el expediente 13.031, aprobado conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aguarda conocer qué medidas se han tomado frente a la denuncia.
El expediente vuelve a colocar bajo observación la capacidad de respuesta institucional del Gobierno dominicano ante señalamientos internacionales sobre derechos y legalidad. De acuerdo con el documento divulgado por Lockward, el informe fue remitido al Estado el 30 de junio, con un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Antes de ese paso, la Cancillería dominicana había pedido la caducidad del proceso ante la CIDH, solicitud que fue rechazada, dejando abierto un escenario de mayor vigilancia sobre la actuación oficial.
Lockward sostiene que fue privado de libertad sin orden judicial y recuerda que una decisión de la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal su arresto. Con esos antecedentes, la denuncia fue admitida por la CIDH y ahora el Estado deberá precisar si adoptó medidas o si el expediente avanzará a una nueva etapa dentro del sistema interamericano. Aunque el informe de fondo y sus conclusiones permanecen bajo reserva, el plazo fijado por la comisión subraya la obligación de rendir cuentas sobre resultados.