La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití refleja una fuerte vulnerabilidad institucional y una protección insuficiente frente a la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y establecer comercio, varias familias resistieron durante años gracias al respaldo del general Ignacio María González Santín, quien las acogió como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 ya todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para quedarse definitivamente en República Dominicana.
Ese panorama de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín renunció como ministro plenipotenciario en Haití a principios de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se demoró hasta el seis de julio, mientras Guarín González continuó como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, quien huyó del país el seis de diciembre.
La presión sobre esos inmigrantes no terminó con la nacionalidad dominicana: siguió viniendo tanto del gobierno haitiano como de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional vigente: la protección formal no bastó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, en un contraste que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.