El 20 de agosto de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a César Emilio Peralta, alias “César el Abusador”, como cabecilla del narcotráfico internacional bajo la Ley Kingpin. En la misma medida fueron vinculados Ramón Antonio del Rosario Puente, alias “Toño Leña”, y Kelvin Enrique Fernández Flaquer, alias “Cotto”, en una decisión que congeló activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió transacciones financieras con sus empresas y allegados.
Más que un golpe individual, la acción federal dejó expuesta una red de tráfico transnacional de cocaína y opioides que, según el expediente citado, utilizaba el territorio dominicano como puente estratégico entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa. El señalamiento colocó en primer plano una realidad incómoda: la dimensión internacional del caso mostró que el problema no se limitaba a nombres conocidos, sino a una estructura con capacidad de operar a través de puertos, aeropuertos y esquemas de lavado de activos.
La designación también reforzó un ángulo de fiscalización que sigue pesando sobre las instituciones: cuando una red de esta escala queda retratada desde el exterior, el debate ya no se reduce al expediente criminal, sino a las respuestas del Estado frente a una amenaza que impacta la seguridad, la credibilidad institucional y la vigilancia sobre el territorio dominicano. Para la sociedad civil, el caso mantiene vigente la exigencia de control y rendición de cuentas ante un fenómeno que trascendió fronteras.