La Procuraduría General de la República puso en vigencia el Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para fiscales mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio en la administración pública, una medida presentada como un logro institucional, pero que también pone en primer plano el escrutinio sobre las prioridades de gestión y la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos en el Ministerio Público.
El anuncio estuvo encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, en un acto realizado en la sede de la PGR con la presencia de Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
Durante la actividad, Reynoso dijo: “El día llegó, es hoy… Hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”. La procuradora también enumeró otros beneficios concedidos en los últimos años, entre ellos bono de vacaciones, bono de aniversario, aporte escolar, seguro de amplia cobertura, el Premio al Mérito del Ministerio Público y la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Ese listado de anuncios, no obstante, profundiza el contraste entre el discurso de fortalecimiento interno y la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados reales de la institución. La puesta en marcha del retiro complementario responde a una demanda de larga data, pero al mismo tiempo obliga a preguntarse si la agenda oficial está atendiendo con la misma urgencia las prioridades ciudadanas y el desempeño integral del sistema de justicia.
Según lo informado, quienes cumplan con las condiciones establecidas deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria, entregar copia de la cédula de identidad vigente y presentar la documentación requerida. Más allá del trámite, la medida deja una alerta institucional clara: cada avance administrativo anunciado desde el poder debe ir acompañado de fiscalización, explicaciones precisas y resultados verificables, no solo de actos y proclamaciones.