Tras una semana de cacerolazos, concentraciones en la Plaza de la Bandera y movilizaciones en distintos puntos del país, el Poder Ejecutivo depositó este viernes un proyecto de ley para retocar la Ley núm. 74-25. La gestión se hizo a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y alcanza 18 artículos del nuevo Código Penal.
La secuencia política deja una señal difícil de pasar por alto: una norma ya aprobada tuvo que volver a abrirse por la presión ciudadana, después de que amplios sectores alertaran sobre riesgos para la libertad de expresión, la prensa y las voces disidentes. Aunque el texto no lo expresara de manera directa, el rechazo social se centró en disposiciones que podían prestarse a la persecución de opiniones y críticas, un desgaste institucional que ahora obliga al Congreso a moverse con vigilancia reforzada.
La iniciativa fue enviada de inmediato a la Comisión Bicameral que estudia la modificación del Código Penal e integra observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios de comunicación y organizaciones civiles. Que esos cambios deban aprobarse antes de la entrada en vigor de la ley confirma que la fiscalización de la sociedad civil terminó corrigiendo un diseño legal que había encendido alarmas públicas.
Entre los puntos más delicados aparecen cinco artículos vinculados con la libertad de expresión y de prensa. El artículo 123, relativo al ciberbullying, será ajustado para precisar su alcance y evitar que una redacción amplia pueda usarse contra opiniones, críticas o expresiones legítimas en redes sociales e internet. La inquietud de los comunicadores digitales era concreta: que cualquier comentario incómodo en línea quedara expuesto a una acusación penal.
También quedó bajo examen el artículo 192, sobre difusión de audio o imágenes sin consentimiento, uno de los más debatidos dentro del paquete de reformas. El trasfondo político de estas correcciones es claro: sin presión social, el país habría entrado en vigor con disposiciones severamente cuestionadas por sectores que reclamaron prioridad para los derechos fundamentales y rendición de cuentas al poder.
Ahora la responsabilidad pasa al Congreso Nacional, que se comprometió a aprobar los cambios antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 74-25. Luego de una rectificación forzada por la calle, el reto ya no es solo corregir artículos, sino impedir que se repita una legislación que llegue primero con ruido oficial y después con enmiendas de emergencia por presión ciudadana.