La fórmula anunciada por la administración para hacer frente a la crisis vuelve a poner bajo la lupa una inquietud que reaparece una y otra vez: quién acabará asumiendo la factura. Aunque el paquete contempla iniciativas para facilitar las operaciones de las pequeñas empresas y mejorar la recaudación fiscal, el fondo de la discusión permanece intacto: si se trata de una respuesta estructural o de medidas transitorias que, como ha sucedido antes, terminan trasladando costos a la población.
El antecedente que pesa sobre cualquier ajuste es conocido. Siempre que se anuncian medidas para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos a mayores precios, nuevas cargas tributarias o incrementos en las tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones dadas a conocer por el Gobierno no pueden medirse solo por su intención declarada, sino por el impacto real que tendrían sobre los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores vienen señalando desde hace años: debilidades en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras fallas que siguen sin corregirse de raíz. En ese escenario, el debate no es únicamente técnico. También exige rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las deficiencias del sistema o vuelve a cargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.