La Ley 30-26 del plan fiscal anticrisis del Gobierno introdujo un cambio de fondo en el manejo de las exenciones y exoneraciones: el Ministerio de Hacienda y Economía (MHyE) ya no queda limitado al trámite de no objeción, sino que podrá recomendar al Poder Ejecutivo que objete solicitudes de clasificación para acceder a incentivos fiscales.
El ajuste quedó plasmado en el artículo 9, que modifica el artículo 45 de la Ley 253-12. Antes, la norma establecía que las instituciones gubernamentales debían remitir al Ministerio de Hacienda los estudios de factibilidad para el análisis costo-beneficio de los incentivos y que esa entidad debía otorgar la no objeción para la clasificación de los beneficiarios. Esa parte fue eliminada y sustituida por un nuevo párrafo que faculta al MHyE a recomendar, mediante informe técnico motivado, la objeción de una solicitud cuando entienda que no cumple con los requisitos.
El cambio reordena el poder de decisión dentro del esquema fiscal y coloca bajo mayor escrutinio beneficios que, según el propio texto, cuestan cada año cientos de miles de millones de pesos al Estado. En ese contexto, la modificación también eleva la exigencia de seguimiento sobre cómo se aplicará esta nueva facultad, qué criterios se usarán y si el plan anticrisis se traducirá en controles efectivos más allá del discurso oficial.