La presentación oficial de una nueva ley minera para reemplazar la núm. 146-71, promulgada hace medio siglo, no solo reabre una discusión necesaria por los cambios tecnológicos, ambientales, fiscales, institucionales y sociales acumulados en la actividad minera. También evidencia la distancia entre el discurso de relanzamiento y el trabajo que el propio Estado dominicano había realizado sin concluir el proceso.
De acuerdo con el texto, entre 2017 y 2019 el Ministerio de Energía y Minas, bajo la conducción de Antonio Isa Conde, llevó a cabo una revisión amplia de la legislación minera. Ese recorrido incluyó el estudio comparado de normas de catorce países, el análisis de contratos especiales vigentes en el país y la incorporación de aprendizajes de experiencias internacionales. De allí salieron cinco versiones sucesivas de un anteproyecto, enriquecido mediante consultas con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas nacionales e internacionales, organismos multilaterales y representantes del sector minero.
La alerta institucional, sin embargo, está en que la discusión vuelva a plantearse como si ese trayecto no hubiera existido. En un sector donde el subsuelo mantiene carácter público y obliga al Estado a negociar, regular y fiscalizar en defensa del propietario originario del recurso, el desafío no se limita a anunciar una nueva ley: también pasa por explicar qué ocurrió con el trabajo previo, cómo se protegerá el interés ciudadano y de qué forma se evitará que una reforma de alto impacto social y económico quede otra vez atrapada entre inercias administrativas y falta de continuidad.