Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las dificultades que siguen enfrentando las mujeres para acceder a la píldora anticonceptiva de emergencia en Honduras, pese a que su uso y comercialización libre fueron autorizados nuevamente en 2023. En la audiencia celebrada este jueves en Panamá, en el marco del 197 período de sesiones, las entidades señalaron desinformación sobre sus efectos, amenazas al personal sanitario y limitaciones en la distribución, con mayor impacto en comunidades rurales.
Jinna Rosales, representante de Acción Joven de Honduras, explicó que las barreras cambian según el territorio y las condiciones de los servicios públicos de salud. “En el área rural persisten obstáculos significativos para la entrega”, afirmó. También advirtió que la información incorrecta sobre el medicamento circula entre profesionales sanitarios y funcionarios de distintas instituciones del Estado, mientras autoridades legislativas, integrantes del sistema de justicia y fiscalías han reproducido la versión de que la píldora es abortiva, según las organizaciones denunciantes.
El señalamiento ante la CIDH añade presión institucional sobre un problema que, según las organizaciones, no quedó resuelto con la decisión de 2023. Honduras había permitido la venta sin receta médica en 1999, pero la utilización de la anticoncepción de emergencia estuvo prohibida desde 2009 hasta su nueva autorización. Ahora, las entidades advierten sobre el riesgo de nuevas restricciones durante la Administración del presidente Nasry “Tito” Asfura, que se ha declarado provida, y recuerdan que desde el Parlamento también se han expresado posiciones contrarias al medicamento bajo el argumento de que provoca abortos.