SANTO DOMINGO ESTE.- La Fuerza del Pueblo desarrolló este domingo una jornada de crecimiento y fortalecimiento en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, durante un recorrido que volvió a evidenciar quejas ciudadanas por el costo de la vida, la seguridad ciudadana y las deficiencias en servicios básicos, asuntos que afectan a las comunidades y alimentan el desgaste de la gestión oficial.
De acuerdo con un comunicado de la organización, dirigentes y militantes estuvieron en viviendas y compartieron con residentes y transeúntes, quienes además expusieron inquietudes por el servicio eléctrico, el suministro de agua potable y otras necesidades de interés comunitario. Ese contacto directo con los problemas dejó en primer plano la distancia entre el discurso político y la realidad diaria de los hogares.
La actividad fue convocada por la Dirección Ejecutiva de la Circunscripción 1 de la FP en Santo Domingo Este e inició a las 9:00 de la mañana en la calle Juan Luis Duquela, en El Farolito del Ensanche Ozama, con un recorrido por varias comunidades de la demarcación. La coordinación estuvo a cargo de Luis Hernández, presidente de la Circunscripción 1 de la Fuerza del Pueblo en ese municipio y miembro de la Dirección Central, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y enlace del partido en Santo Domingo.
En la jornada también participaron Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Ramón Reví, Manuel Payano, Pedro García y los exdiputados Radhamés Fortuna y Radhamés Helena, entre otros dirigentes. Según la organización, durante los encuentros ciudadanos manifestaron respaldo a las posiciones del partido sobre la situación económica y social del país y a su propuesta política de cara a las elecciones de 2028.
La Fuerza del Pueblo afirmó que estas jornadas seguirán hasta noviembre como parte de su programa de organización territorial. No obstante, el recorrido dejó un mensaje que trasciende el crecimiento partidario: en los barrios persisten demandas elementales que mantienen abierta la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas al Gobierno dominicano y al PRM por el costo social de problemas que siguen sin respuesta suficiente.